El democrático experimento catalán demuestra que la inmensa mayoría de cada sector de la comunidad educativa está a favor de la jornada continua. ¿Cómo se explica entonces que empresas y entidades vinculadas con negocios en la educación no se cansen de cargar contra ella? ¿No habrá intereses crematísticos involucrados en ello? Por favor, no seamos hipócritas. Una cosa es hacer negocio con la educación, y otra muy distinta convertir la educación toda ella en un negocio, por y para el negocio. Lo primero es legítimo, lo segundo, filibusterismo.
Xavier Massó
La campaña mediático-empresarial en favor de la jornada escolar partida –esto es, clases lectivas mañana y tarde-, que hasta ahora solía aparecer de forma intermitente, ha arreciado en los últimos tiempos. Hoy mismo, sin ir más lejos, el rotativo de más tirada en el país –valga la elidida redundancia- le dedica una exhaustivo y resaltado espacio, que no sabemos si calificar de artículo, noticia o publirreportaje. Aunque nos inclinemos por lo último, diremos que el artículo está firmado por Ignacio Zafra, y que trata sobre un informe emitido por una muy significada entidad económica y empresarial.
Se trata de un texto que está trufado de valoraciones camufladas con estadísticas precocinadas, sobre las cuales lo más benévolo que se puede decir es que están aducidas ad hoc. Como el Padre Clavius, aquel astrónomo que siguió defendiendo que los planetas eran esferas perfectas de superficie lisa, aun frente a las rugosidades que Galileo había detectado con su telescopio en la Luna. Afirmaba el bueno de Clavius que los cráteres y montañas eran solo aparentes, porque en realidad la superficie lunar estaba recubierta con una sutil película sólida transparente –una suerte de metacrilato ante litteram– que el pobre Galileo con su telescopio no podía detectar. Él tampoco, claro, pero así salvaguardaba la perfecta esfericidad. Así estaba escrito en alguna arcana revelación y así tenía que ser. Y en estas seguimos. Veamos.
De acuerdo con la información que aporta el artículo, cuya fuente es el antecitado informe, hay un auténtico clamor social en favor de la jornada escolar partida, cuyo impacto és además educativamente negativo. El único colectivo discrepante y partidario de la jornada escolar continua es el de los docentes, cuyo criterio se desdeña abiertamente por estar en conflicto de intereses con su jornada laboral. Es decir, no estaría basado en un criterio objetivo, sino subjetivo y sujeto a sus intereses corporativos. Simplemente, prefieren trabajar solo por la mañana, en lugar de mañana y tarde. El razonamiento se antoja a simple vista de una lógica apabullante, que faculta a su vez para descartar cualquier opinión sobre temática educativa que provenga de un docente, a partir de la grosera constatación según la cual siempre se pronunciará pensando en sus intereses corporativos y no, como debería ser, en la función educativa que tienen encomendada.
Un criterio de demarcación muy ramplonamente capcioso, especialmente por el restrictivo uso que se hace de él, al aplicarlo únicamente sobre uno de los colectivos involucrados, que por ello no merece ser escuchado. Ya les pagaremos más para que se callen, viene a decir crípticamene el articulista. Aun así, vamos a dar provisionalmente por bueno el razonamiento. Asumamos, pues, que efectivamente, los docentes están contra la jornada escolar partida porque empeora sus condiciones de trabajo. Eso sí, con una prevención: sin que esto implique necesariamente que, por ello, la jornada escolar más idónea sea una u otra; esto ya nos lo dirán los «expertos», los que de verdad entienden de educación… Objetivamente, claro.
El problema es que este mismo criterio de exclusión por incompatibilidad de intereses debería rezar también para cualquier otro colectivo o sector, y no en exclusiva para los docentes; una arbitrariedad metodológica en la que incurren, tanto el articulista, como los auores del informe en que se basa. Y si argumentamos ad hominem –su opinión no vale por ser usted quien es-, nada impide que, una vez en el terreno de las falacias, la réplica lo sea también. Como mínimo para expurgar del debate otras posibles y espurias intencionalidades que, de haberlas, emergerían entonces como igualmente interesadas y subjetivas. En otras palabras, o se asume la bona fide de entrada por parte de todos, o todos somos presuntos culpables. Vamos, que si nadie está libre de culpa, o de intereses, no parece muy objetivo tirar la primera piedra.
El artículo expone los argumentos a favor de la jornada escolar partida, o más bien en contra de la continua, a partir del informe emitido por una entidad con evidentes y reconocidas intereses y ramificaciones de naturaleza económica: la Escuela de Negocios ESADE. Sí, lo han leído bien: escuela de negocios, y ESADE. No pretendemos con ello desacreditar la legitimidad de su actividad ni mucho menos, pero sí poner de manifiesto que si el criterio por el cual de descalifica la opinión de los docentes se ampara en sus presuntos intereses corporativos y laborales, exactamente por la misma razón cabría pensar que acaso tal institución esté pronunciándose, en el sentido que lo hace, porque tal opción redunde en favor de los suyos propios. Algo que el artículo evacuado por el Sr. Zafra ni siquiera se contempla como posibilidad.
Y, la verdad, como las cañas que se tornan lanzas, aquí las sospechas y los indicios se convierten en pruebas. Sin duda tan subjetivas y cuestionables como las aducidas para descalificar a los docentes, lo admitimos, pero el problema es que en el informe se aducen como «objetivas». ¿Qué nos hace suponer que la citada institución no tenga intereses cuyo trasunto sea la jornada partida? ¿Qué nos hace pensar que, si a la opción de los docentes subyacen motivaciones educativamente espurias, no las iba a haber en una entidad concebida explícitamente con finalidades lucrativas? De ser así, y de acuerdo con los propios presupuestos asumidos por esta entidad en el informe, su opción sería tan desdeñable como la de los docentes, por ser igualmente vicaria de intereses no educativos, cuyo trasunto sería en este caso la jornada partida que, si la hubiere, los facilitare. Seamos cartesianos: duda metódica. Y hechos.
De otras instituciones y fundaciones paraeducativas igualmente contrarias a la jornada continua, se ha sabido recientemente que figuran entre sus dirigentes más destacados, nombres con ramificaciones en el mismísimo Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, vinculados a empresas de catering que codician prestar servicios de comedor en institutos. Un fin legítimo, sin duda alguna, pero tal vez no lo sean tanto los medios empleados para su consecución. Aunque sea reparando solo en este tema por razones de espacio –hay muchos más-, resulta muy difícil no inferir, aunque solo sea como hipótesis de trabajo, alguna relación directa entre la actividad empresarial, el afán de lucro y la opción a favor de la jornada escolar partida, que obliga a la instalación de comedores escolares en muchos centros que hoy carecen de él. No estamos hablando del bar o de la cantina, regentados generalmente de forma casi familiar, sino de grandes corporaciones para las cuales la implantación de la jornada partida supone, colateralmente, un lucrativo negocio.
¿Seguimos pensando que no hay intereses espurios involucrados en toda esta campaña contra la jornada continua? Podríamos pensarlo, ciertamente, si se nos demostrara fehacientemente que, desde el punto de vista estrictamente educativo, la jornada partida es más beneficiosa en general que la continua, y que el negocio de comedores escolares derivado de ella no depende de «comederos» de otro tipo, sino que es meramente un efecto colateral. Pero el problema es que, curiosamente, tales pruebas brillan por su ausencia. Y los «hechos» en base a los que se construye la información que permite el conocimiento del tema, resultan ser, como mínimo, cuestionables.
En primer lugar, la jornada continua está prácticamente universalizada en los institutos públicos de toda España. Donde no lo está es en la educación Primaria. Pero el informe habla de «niños», un apelativo que, en rigor, define más bien al alumnado de Primaria, mientras que en Secundaria se trataría de adolescentes. Y no es lo mismo. Hay, por cierto, asociaciones de padres y madres de alumnos que, al menos en Cataluña, proponen la extensión a la Primaria de la jornada continua. Pero no hablaremos de esto, porque, como los docentes, estos los padres y madres están sin duda subrepticiamente respondiendo solo a sus intereses particulares. Bien lo deben haber detectado los sagaces sociólogos de ESADE, ¿O son economistas?
En cualquier caso, digamos que la utilización indiscriminada del término «niños», sugiere la intención de cooptar opiniones por el procedimiento de predisponer favorablemente hacia las propias tesis. El informe aparenta referirse a las escuelas de Primaria, donde ya existe la jornada partida, para proponer en realidad su implantación en los institutos de Secundaria. Tampoco nadie parece preguntarse qué piensan los alumnos al respecto. Quizás porque todo el mundo conoce la respuesta. Otra paradoja: parece que el alumnocentrismo tiene sus límites, los que marcan los intereses económicos: pueden decidir sobre múltiples cuestiones mucho más trascendentes, pero no sobre qué horario prefieren. ¿No será porque la enseñanza privada mantiene la jornada partida y esto le quita atractivo ante el alumnado? No lo afirmamos, nada más lejos de nuestra intención; solo lo ponemos sobre la mesa como posibilidad, en el sentido de «posible» como cognoscitivamente representable.
Pero entonces ¿qué piensa verdaderamente la sociedad, o la comunidad educativa? ¿Está tan abrumadoramente a favor del horario partido como se colige a partir de la lectura del artículo del Sr. Zafra? En relación con esta pregunta, resulta especialmente significativo describir brevemente cómo se produjo la adopción de la jornada escolar continua en los institutos de catalanes.
En el año 2010, Cataluña era prácticamente la única comunidad autónoma que mantenía la jornada partida en de Secundaria. En esta misma época, el sindicato docente «Professors de Secundària (aspepc·sps)», lanzó una campaña en favor de la jornada continua, en solitario, que tuvo un fuerte eco y una respuesta muy positiva entre el profesorado. La entonces consejera de «Ensenyament», Irene Rigau, a la cual se le planteó en distintas ocasiones el tema, acogió favorablemente la iniciativa. Y elaboró una propuesta que, en su mérito hay que decirlo, resultó ser de intachable marchamo democrático.
No todos los institutos funcionan bajo las mismas condiciones «ambientales», por ello, estableció que cada instituto, a través de su consejo escolar, el órgano de representación de la comunidad educativa, decidiera, en función de sus propias circunstancias, sobre la adopción o no de la jornada continua. Con una importante restricción: no bastaba con una mayoría, relativa o absoluta de síes, sino que, además, el voto afirmativo tenía que estar necesariamente ponderado en cada uno de los sectores de la comunidad educativa, representados en el consejo escolar en distintas proporciones. Si en alguno de los sectores se votaba mayoritariamente «no», la jornada continua no se podía adoptar.
En el curso 2011/2012, los consejos escolares de los institutos de Cataluña se pronunciaron mayoritariamente por la adopción de la jornada continua. Algunas escleróticas superestructuras se pronunciaron en contra, incluidas ciertas fundaciones paraeducativas ligadas a lobbies pedagocráticos y empresariales, incluso con informes librescos de calidad y veracidad ínfimas –meros libelos-, con argumentos idénticos a los expuestos en el publirreportaje que ha motivado el presente artículo. Y por supuesto, levantó airadas reacciones en las poderosas patronales de la privada y sus estructuras afines, a las cuales ni les iba ni les venía. Incluso algunos sindicatos vinculados a los inefables MRP’s (movimientos de renovación pedagógica), se pronunciaron en contra de la jornada continua. Pero la consejera Rigau, en su honor, una vez más, hay que decirlo, se mantuvo firme en su democrática decisión. La verdadera comunidad educativa se manifestó desde la base; en la actualidad, más del 80% de los institutos catalanes están acogidos a la jornada (académica) continua. Pese a los reiterados intentos del actual equipo del Departament d’Educació, que no ceja en su intención de suprimirla…
Cuando la gente habla y se pronuncia, algunos se llevan a veces sorpresas inesperadas y desagradables. En cada instituto, los distintos sectores de la comunidad educativa representados en el consejo escolar del centro llevan años pronunciándose a favor de la jornada continua;padres y madres incluidos, no olvidemos que la votación es ponderada, no vale con una simple mayoría, aunque sea absoluta. Pero el informe de una escuela de negocios afirma que esto les cuesta dinero a las familias. Ni aunque fuera cierto, lo cual está muy lejos de ser el caso, a lo mejor es que no todo en la vida se cuenta en términos dinerarios, y que el bien de los alumnos y poder estar con los hijos sea uno de estos casos.
El democrático experimento catalán demuestra que la inmensa mayoría de cada sector de la comunidad educativa está a favor de la jornada continua. ¿Cómo se explica entonces que empresas y entidades vinculadas con negocios en la educación no se cansen de denostarla? ¿O que tantos medios carguen contra ella? ¿No habrá intereses crematísticos involucrados ? Por favor, no seamos hipócritas. Una cosa es hacer negocio con la educación, y otra muy distinta convertir la educación toda ella en un negocio, por y para el negocio. Lo primero es legítimo, lo segundo, filibusterismo.
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Xavier Massó, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación (UB) y en Antropología Social y Cultural (URV). Catedrático de Enseñanzas Secundarias por la especialidad de Filosofía. Secretario general del Sindicato Profesores de Secundaria (aspepc·sps) y presidente de la Fundación Episteme.
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