Los docentes y las docentes que formamos parte del Colectivo larevoluciondelatiza, de la Asociación OCRE y de la Fundación EPISTEME, preocupados por la deriva actual del sistema educativo público, manifestamos lo siguiente:
Estamos convencidos de que el objetivo del sistema educativo público debe consistir en dotar al alumnado de los conocimientos y aptitudes necesarios para: lograr un futuro profesional digno, adquirir una formación cultural que les permita orientarse de forma crítica en la sociedad, así como recibir una formación integral como personas. Sin embargo, somos testigos de que estos hechos no están teniendo lugar en la medida que sería necesario, como lo evidencian: el tener uno de los mayores índices de abandono escolar de Europa, las altas tasas de repetición de curso en la etapa obligatoria, el bajo nivel académico alcanzado por el alumnado de esta etapa y de la etapa postobligatoria, etc.
En estos malos resultados han intervenido diversos factores, pero, sin duda, han jugado un papel relevante las sucesivas reformas educativas, que no han sabido dar respuesta a las necesidades de la educación en cada momento. Y, la explicación a esto es que dichas reformas nunca han sido propuestas desde una actitud reflexiva y mediante un análisis crítico de la situación de partida, sino que, más bien, han surgido al albor de la última moda pedagógica, aplicada de forma dogmática y sin los recursos necesarios. La última reforma, la LOMLOE, tras llevar dos cursos vigente, tampoco parece que vaya a resolver los problemas de nuestro sistema educativo, ya que no hace sino ahondar en las carencias de las leyes anteriores (ratios elevadas, insuficientes recursos humanos, desautorización de la figura del profesor, intrincado diseño e insuficiente financiación, entre otros).
Por ello denunciamos los siguientes aspectos que, bajo el marco normativo de la LOMLOE, amenazan a nuestro sistema educativo:
- Se establece un diseño curricular incoherente y confuso, centrado en la adquisición de unas competencias formuladas de forma vaga y farragosa, en detrimento del aprendizaje de los conocimientos que hacen posible ser realmente competentes.
- Se fomenta desde el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación Autonómicas la utilización de metodologías de dudosa eficacia basadas en modas pedagógicas no contrastadas científicamente, que se pretenden aplicar de forma rígida y dogmática, vulnerando con ello, además, la libertad de cátedra del personal docente.
- Se impide el derecho de los estudiantes —y de sus familias— a recibir una información clara y comprensible sobre su progreso, ya que se establecen unos criterios de evaluación ininteligibles para unos y otros.
- Se sobrecarga al profesorado con un exceso de trabajo burocrático poco útil, que va en detrimento de la calidad de su labor docente. Así mismo, este tipo de tareas colapsan los órganos colegiados (como el claustro, los equipos educativos, etc.) impidiendo que éstos cumplan su papel de espacios de reflexión, análisis y coordinación, tan necesarios para la buena marcha de los centros educativos. Esto último supone, además, una pérdida de salud democrática de los centros.
- Se desautoriza la figura del profesorado al no reconocer su valía como pieza fundamental en la transmisión del conocimiento y, sin embargo, se le asignan tareas que no parecen propias del mismo, como vigilar recreos, pasillos o puertas. Además, tampoco se dotan a los centros de verdaderas posibilidades de respaldar la autoridad del docente en el aula.
- Se aplican criterios de promoción de curso que son laxos y poco rigurosos, y que, sin duda, alejan al alumnado de la idea de que todo esfuerzo tiene una recompensa, y dan a entender que el conocimiento tiene poco valor, ocasionando, además, el problema de la acumulación de materias pendientes en los cursos posteriores.
- Se exige a los centros que sean inclusivos, mientras se mantienen ratios de alumnado por aula elevadas que imposibilitan dicha inclusión, y se niega la dotación de profesionales que podrían ayudar a paliar, en parte, los problemas sociales que deberían ser resueltos desde otras instancias del poder político.
Por todos estos motivos, reclamamos:
- Una enseñanza pública cuya función central sea la adquisición de conocimientos sólidos, y que garantice la formación de una ciudadanía competente, capaz de regir su propia vida y tomar decisiones con criterio.
- Un currículo claro, estructurado, coherente, realista y bien secuenciado, que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y que garantice la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y en todos los centros, independientemente de su localización geográfica, contexto social, económico y cultural.
- Una ley educativa que devuelva a los Departamentos Didácticos su autonomía en la toma de decisiones sobre los aspectos pedagógicos y didácticos, de forma que se pueda dar una respuesta educativa más acorde al contexto de cada centro, y que no vengan impuestos de forma dogmática por la normativa, como actualmente ocurre con la LOMLOLE. Por nuestra larga experiencia docente hemos podido constatar que no existe una metodología didáctica única perfecta. Dicha metodología debe ser elegida en función de diversos factores del aula y del centro, por lo que no puede estar nunca predeterminada de partida, ya que resulta de un proceso iterativo de revisión que requiere de continua observación y evaluación. Y, siempre, con unas garantías de que existe una base científica suficiente.
- Una ley que devuelva a los órganos colegiados, especialmente al claustro, su protagonismo en la vida del centro. De esta forma, se recuperarían estos espacios de reflexión y debate tan necesarios para una gestión eficaz y democrática, y no se convertirían en meros instrumentos para votar programas y proyectos que vienen ya impuestos desde la administración educativa. Es importante, además, por salud democrática de los centros, que los claustros tengan especial peso en los procesos de selección de director o directora, y ello, debería ser igual en todas las comunidades autónomas, con la misma duración de los mandatos y con un límite en la prórroga de los mismos, que no debería ser superior a dos mandatos seguidos.
- La recuperación del respeto por la profesión docente, que se debe concretar en: la dotación de recursos humanos suficientes para atender la diversidad del alumnado, en el reconocimiento efectivo de la autoridad del docente en el aula, en una reducción al mínimo de tareas burocráticas y en la potenciación de la especialización y formación didáctica de los docentes, formación que debe estar basada en la evidencia científica de sus respectivos campos de conocimiento.
- Unos criterios de promoción de curso más rigurosos, que ofrezcan al alumnado una visión coherente de la relación entre esfuerzo y recompensa en el aprendizaje, y que den valor a la adquisición de conocimientos.
- Una inclusión efectiva, sustentada en la dotación de recursos económicos y humanos suficientes, y no meramente a través de la formulación de buenas intenciones que resultan inaplicables según las condiciones existentes en cada centro.
Finalmente, desde nuestra convicción basada en años de experiencia docente y en el empeño de mejorar la formación de nuestro alumnado, solicitamos a la Administración Educativa que nuestras demandas sean tenidas en cuenta y se tomen las medidas necesarias para recuperar un sistema educativo digno. Esto sólo podrá conseguirse si el personal docente participa de forma efectiva en el diseño del sistema educativo, si se dota a dicho sistema de unos presupuestos adecuados a su finalidad y, por último, si se acuerda entre las diferentes fuerzas políticas un Pacto de Estado por la Educación, que evite el uso político de la misma y la dote de suficiencia y estabilidad.
→MANIFIESTO EN PDF (DESCARGAR)
Fundación EPISTEME / email: info@fundacioepisteme.cat
Asociación OCRE / email: associacio.ocre@gmail.com
Colectivo “larevoluciondelatiza” / email: larevoluciondelatiza@gmail.com
