Un empresario toma decisiones sobre su negocio porque se juega su dinero, pero ¿es legítimo que un representante de la Administración actúe de manera similar en la gestión de recursos públicos? En nombre de no se sabe qué se promueve una metamorfosis educativa, una especie de privatopía que arrincona la lógica del sistema público atribuyendo una supuesta y connatural eficiencia a la gestión privada.
Josep Oton
Como decíamos hace unos días, el currículo LOMLOE propone unos saberes líquidos que liquidan los conocimientos. Para muchos se trata de una estrategia empleada para reconfigurar la enseñanza pública, en una especie de reset. Pero no es la única estrategia. Otra ha sido ningunear la autoridad académica de los claustros, de los departamentos didácticos y, sobre todo, del profesorado.
La desconfianza hacia la escuela pública va en aumento. El colapso de los sistemas excesivamente burocratizados o la ineficacia endémica de las estructuras funcionariales contaminadas por la corrupción ha cuajado en el imaginario colectivo hasta hacernos creer que el ámbito privado funciona mejor que el público.
Esta manera de pensar nos ha llevado a desacreditar la escuela pública, acusándola de falta de resultados. La consecuencia es la voluntad política por parte de algunos de deconstruir la esencia del sistema educativo público introduciendo elementos del mundo empresarial.
La escuela pública, como mínimo hasta ahora, se fundamenta en la provisión de puestos de trabajo a partir de los principios de igualdad, mérito y capacidad, realizada a través de unos procesos de selección objetivos y transparentes. Su funcionamiento obedece a la esencia del Estado de derecho: cualquier actuación debe seguir las directrices de las normas escritas para evitar arbitrariedades. El objetivo está claro: poner al alcance de toda la población el legado cultural recibido para que no se convierta en un privilegio de determinados grupos sociales. Así mismo, la libertad de cátedra garantiza la pluralidad, la clave de bóveda de la democracia.
Además, la función de la escuela, como la de otras instituciones públicas, no se limita a garantizar la oferta de servicios básicos a la globalidad de ciudadanos, sino que vertebra un Estado, es decir, le confiere estabilidad a la vez que lo protege de las vicisitudes de la vida política.
Ahora bien, parece que va calando una fake new: el modelo público está en bancarrota porque no se adapta a los nuevos tiempos. Entonces se propone una gestión basada en criterios teóricamente más empresariales, incrementando la posibilidad de elegir a los profesionales, flexibilizar el funcionamiento de los centros y adaptar las enseñanzas a los criterios de los gestores de turno.
Un empresario toma decisiones sobre su negocio porque se juega su dinero, pero ¿es legítimo que un representante de la Administración actúe de manera similar en la gestión de recursos públicos? En nombre de no se sabe qué se promueve una metamorfosis educativa, una especie de privatopía que arrincona la lógica del sistema público atribuyendo una supuesta y connatural eficiencia a la gestión privada.
Ya existe un sector de iniciativa privada, o social, en la educación. Quizás algunos pretenden hacer una copia puesto que desconfían del sistema público -y también del concertado- porque, en el fondo, pretenden hacer uno de nuevo: el suyo. Quizás son los mismos que, durante años, han escatimado los recursos con la excusa de los recortes para superar la crisis. O, tal vez, aspiran a controlar la educación para implantar su modelo social, su particular utopía. Crear un tipo determinado de escuela no sería más que un paso previo para construir su proyecto de sociedad
Para llevar a cabo esta aspiración con fuertes reminiscencias rousseaunianas la escuela pública se convierte en una traba y hay que desmantelarla. Está claro, parece más legítimo si se justifica con argumentos como la innovación (pedagógica y de gestión) sin revelar las verdaderas intenciones.
Lo que es de todos queda en manos de unos cuantos. Renace la sombra del ancestral caciquismo hispánico que se introduce subrepticiamente en las instituciones creadas para combatirlo. Un neofeudalismo educativo puede hacer implosionar el sistema escolar público del cual muchos nos sentimos orgullosos.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo al recurso contra el Decreto de Plantillas presentado por la Asociación de Catedráticos (ACESC) y por el Sindicato Profesores de Secundaria (ASPEPC·SPS) nos hace pensar que todavía disponemos de herramientas para evitar la degradación de la enseñanza pública, una institución esencial cuya función es garantizar la pluralidad, la equidad y la ecuanimidad en una sociedad que aspira a ser democrática.
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Josep Oton es catedrático de Historia y secretario de la Fundación Episteme.
