La entrevistadora aclaró que no se refería a los recortes que sufrió el profesorado, ni al aumento de ratios que perjudicó al alumnado –por lo visto una nimiedad-, sino al cierre de los comedores escolares para ahorrarse el coste que suponían, porque si no iban por la tarde devenían prescindibles. Comedores escolares por cierto que regentados habitualmente por empresas de catering, digamos prudentemente que, por lo general, «afines» a la Administración y a sus periferias paraeducativas.
Xavier Massó @XmaSecundaria
La polémica sobre la jornada escolar continua o partida está servida. Navarra ha dado el pistoletazo de salida imponiendo la partida, mañana y tarde, y pronto serán legión las CCAA que seguirán su ejemplo. Con sus debidos sicofantes jaleando tal medida, cuando no conminado a adoptarla por encima de cualquier otra consideración. En Cataluña hace ya tiempo que la Administración tiene unas irreprimibles ganas de echarle el guante a la jornada compactada. No tardarán en subirse al carro. Según parece, la jornada continua solo beneficia a los docentes –un privilegio más-, a la vez que perjudica al resto de colectivos y sectores implicados: familias, alumnos… «Imperativo» pedagógico, podríamos llamarlo.
Lástima que los argumentos sean tan débiles y capciosos. Porque, a ver, que la jornada continua permite a los docentes hacer mejor su trabajo, de eso no cabe duda, pero entonces no estamos hablando de una mejora de las condiciones laborales, sino profesionales, de productividad, de rendimiento, de resultados. Siempre, claro, que estemos hablando de enseñanza, y no de guardería o aparcamiento de adolescentes. Además, cuando hablamos de jornada compactada nos estamos refiriendo al horario lectivo del alumnado y a su propia organización del tiempo fuera de él; no al de los docentes, cuyo horario sigue siendo de 37,5 horas semanales, como el de cualquier otro funcionario; aunque cobren menos, con la misma o superior titulación. En otras palabras: los que no van por la tarde son los alumnos, los profesores siguen trabajando y acudiendo al centro cuando a este efecto se les convoca o en cumplimiento de su horario y, con demasiada frecuencia, más allá de él.
Por lo que refiere a los alumnos es evidente que, por más abstrusos informes que proliferen por ahí empeñados en lo contrario, la concentración del horario lectivo en la mañana permite una mejor y más amplia organización de su tiempo fuera del centro, para dedicarlo a otras actividades, al estudio, para estar con su familia o con sus amigos. En definitiva, que hay vida más allá de la escuela. O sea, aun dejando de lado las eventuales ventajas académicas de compactar las clases, está claro que dejar la tarde a su disposición para que uno se organice, o que su familia se la organice, no parece que comporte sino ventajas. Pensemos, si no, en el alumno que, con la jornada partida, entra a las 8:30h y no sale hasta las 18h. ¿Qué puede hacer con lo que queda del día? Si practica algún deporte, o si va a clases de guitarra, o si hace los deberes, la verdad es que, prácticamente, nada más. ¿A eso le llaman racionalización del horario?
En Cataluña, hace ya más de diez años, el sindicato Professors de Secundària (aspepc·sps) planteó, en solitario, a la por entonces Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, la necesidad de implantar la jornada compactada, contra el parecer, por cierto, del resto de sindicatos docentes. Estaban contra la jornada compactada las megafederaciones subvencionadas de padres y madres de alumnos, los no menos subvencionados movimientos de renovación pedagógica –influyentes reliquias ideológicas contumazmente irredentas-, las patronales de la privada –que temían que muchos alumnos migraran a la pública; el negocio es el negocio-, fundaciones con intereses por igual crematísticos que ideológicos, empresas relacionadas con actividades extraescolares organizadas desde la propia escuela, que tenían un pingüe negocio con ello…
Y la verdad es que Rigau atinó al decidirse por una solución plenamente consecuente con la diversidad de centros y sus casuísticas: allí donde se planteara aplicar la jornada compactada, debería ser aprobada por el consejo escolar del centro, con el requisito de ponderación del voto de cada uno de los sectores representados. De lo contrario, aunque hubiera mayoría a favor, no se aplicaba.
Pese a las furibundas campañas mediáticas que se organizaron en contra, lo único que se demostró fue que todas estas federaciones de padres y madres no representaban a nadie… O quizás sí, pero no a quien decían representar. Alrededor del 80% de los consejos escolares de los institutos de Secundaria optaron por la jornada compactada, siempre, condición sine qua non, con el voto de los representantes de las familias en el centro, y contra el parecer de las escleróticas superestructuras que pedían en voto en contra. Así desde entonces…
Incluso hoy, cuando el Departament d’Educació impone la jornada partida con el pretexto de los Instituts-escola -una más que dudosa apuesta pedagógica destinada a convertir la Secundaria en una extensión de la Primaria, y de sus docentes también-, surgen problemas… ¿Con quién? Con las familias, cómo no. El reciente caso de un instituto de Reus reconvertido a Institut-escola es un buen ejemplo de ello. Dejémonos de mentiras capciosas: las familias apuestan por la jornada compactada mayoritariamente, y allí donde no es así, simplemente, se mantiene la jornada partida. ¿O es que su opinión sólo cuenta cuando coincide con la de los pedagócratas?
Otro día hablaremos del porqué de tanto empeño en cargarse la jornada continua por parte de la Administración catalana y los lobbies de los cuales es vocera: el negocio y el doctrinarismo pedagogista. Por ahora quedémonos con una anécdota que retrata muy bien, o la desinformación, o, simplemente, qué hay detrás de todo esto.
Me estaba entrevistando hace unos días un conocido rotativo, a propósito de un reportaje que se iba a publicar sobre las ventajas y desventajas de una u otra jornada escolar. En respuesta a una de las preguntas, expliqué que con el modelo «Rigau», donde había jornada continua era porque las familias así lo habían decidido. La periodista me interrumpió entonces espetándome que había sido una medida de ahorro, aplicada en un contexto de recortes y sin convicción pedagógica, con el único objetivo de acallar el descontento docente por dichos recortes.
Iba a replicarle que, efectivamente, a los docentes se nos cargó con gravosos perjuicios económicos y de condiciones laborales, y a los alumnos con una subida de las ratios que nunca puede ser positiva –hay acuerdo universal en ello-, siendo Cataluña precisamente la única comunidad autónoma donde, a día de hoy, los recortes todavía no se han revertido por completo… Iba a explicarlo, digo, pero no pude: la cosa iba por otros derroteros.
La entrevistadora aclaró que no se refería a los recortes que sufrió el profesorado, ni al aumento de ratios que perjudicó al alumnado –por lo visto una nimiedad-, sino al cierre de los comedores escolares para ahorrarse el coste que suponían, porque si no iban por la tarde devenían prescindibles. Comedores escolares por cierto que regentados habitualmente por empresas de catering, digamos prudentemente que, por lo general, «afines» a la Administración y a sus periferias paraeducativas.
Me limité entonces a responder lacónicamente:
«Un instituto no es un restaurante«.
El reportaje ha aparecido, incidiendo en las millonarias pérdidas de dichas empresas de catering, incluso cuantificadas. Que un instituto es una cosa, y un restaurante otra, eso, no ha aparecido. Ahí queda.
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Xavier Massó. Secretario General del Sindicato Professors de Secundària (aspepc·sps). Presidente de la Fundación Episteme.
